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Ministros, asesores presidenciales, funcionarios judiciales y oficiales del Ejército y de las fuerzas de seguridad no podrán ingresar a territorio estadounidense tras involucrarlos en abusos a los derechos humanos durante protestas
El Departamento
de Estado dijo este miércoles que restringirá el ingreso a
Estados Unidos
a varios funcionarios venezolanos, entre ellos ministros y asesores
presidenciales, tras acusarlos de estar involucrados en abusos a los derechos humanos
durante las protestas antigubernamentales
que sacudieron al país sudamericano.
Miles de venezolanos salieron a las calles de Caracas y
las principales ciudades del país petrolero desde febrero
para protestar por la alta inflación, la persistente delincuencia y la
escasez de bienes básicos.
Las protestas se tornaron violentas y, hasta abril,
dejaron 43 fallecidos y centenares de heridos, muchos de ellos de
bala, durante enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y
los manifestantes.
La portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, dijo
que los manifestantes -en su mayoría estudiantes- fueron objeto
de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza e intimidación
judicial, haciendo eco de declaraciones similares de la oposición y
diversas ONG.
"Aunque no identificaremos públicamente a estos
individuos por la confidencialidad de los registros de visas, nuestro mensaje
es claro: aquellos que cometan estos abusos no serán bienvenidos en Estados
Unidos", dijo Harf en un comunicado.
Entre los venezolanos a quienes se le prohibió la entrada
a Estados Unidos hay ministros, asesores presidenciales, funcionarios
judiciales y oficiales del Ejército y de las fuerzas de seguridad, dijo un
funcionario del Departamento de Estado.
Las acciones están dirigidas a individuos y no
constituyen sanciones contra Venezuela, aclaró el Departamento de Estado.
Por su parte, el canciller de Venezuela, Elías Jaua,
dijo que su país no había sido informado de la medida
estadounidense y que, en caso de llegar las notificaciones las
"evaluarán".
"Entendemos todas estas agresiones del Departamento
de Estado como el grito desesperado de quienes saben que el mundo está
cambiando", dijo Jaua en rueda de prensa.
"Bienvenida sea su furia", agregó.
El senador republicano por Florida, Marco Rubio, dijo que
la medida es un primer paso importante, pero destacó que se
debe implementar un congelamiento de activos.
"El Gobierno de Estados Unidos debe utilizar todas
las herramientas a nuestra disposición para que el régimen de (Nicolás) Maduro sea responsable
por sus violaciones a los derechos humanos", dijo Rubio en un comunicado.
"NOSOTROS NO PRESIONAMOS A NADIE"
La medida del Departamento de Estado llega en momentos
en que ambos Gobiernos volvieron a chocar por la liberación de un ex
funcionario venezolano en Aruba que Estados Unidos quiere juzgar por
acusaciones de narcotráfico.
El martes, Washington acusó a Caracas de usar
presiones económicas para que Holanda no extradite al militar
venezolano Hugo Carvajal quien, finalmente, llegó a su país el
domingo, desde Aruba.
Sin embargo, Jaua negó esas acusaciones.
"Nosotros no somos como Estados Unidos, nosotros no
presionamos a nadie, no chantajeamos a nadie", dijo. "Ese tipo de
acciones es, como dijera El Quijote, señal de que avanzamos. Los perros ladran
si seguimos avanzando".
Políticos opositores en Venezuela y el
Gobierno estadounidense dicen que Carvajal, quien dirigió la
inteligencia militar entre 2004 y 2008, es responsable de años de
complicidad del Estado con el comercio ilícito de drogas y ayuda a las guerrillas
colombianas.
Carvajal, que desempeñó su cargo durante el gobierno
del fallecido Hugo Chávez, ha negado las acusaciones.
Venezuela y Estados Unidos retiraron sus embajadores
de Caracas y Washington luego de que Chávez echó al
diplomático estadounidense en su país en solidaridad con Bolivia, que
hizo lo mismo unos días antes.
En represalia, Estados Unidos también retiró al
embajador venezolano en su país.
Y, desde que asumió como sucesor de Chávez, el
presidente Nicolás Maduro ha expulsado a varios diplomáticos estadounidenses
acusándolos de fomentar la violencia y actos de sabotaje.
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